Estados Unidos pretende acabar con la Unasur
CEPRID
Fuente: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article614
UNASUR es el mayor intento de integración suramericana desde las propuestas de nuestros libertadores y en su corta infancia ya sufre los embates del divisionismo, de las traiciones, de los pesimismos. Otra vez el fantasma del descalabro y del fracaso amenaza con deteriorarla y romper con el sueño de unidad. Otra vez Estados Unidos actúa públicamente o de manera clandestina para liquidar los pocos avances integracionistas de esta parte del mundo.
A pesar de los esfuerzos yanquis y del sometimiento de Uribe al imperio, la UNASUR no ha fracasado ni en Bariloche ni en Quito. Los gobiernos -en aplastante mayoría- han rechazado la presencia militar yanqui en América Latina y han condenado el entreguismo de Uribe al imperio, demostrado en la entrega de siete bases militares para uso de Washington y su intencionalidad recolonizadora. Tanto en Bariloche como en Quito se han producido diálogos importantes entre los gobiernos y se ha intentado transparentar las carreras armamentistas desatadas por Estados Unidos y sus permanentes amenazas bélicas en contra de nuestras patrias. Si no existiesen esas reales amenazas, habría que preguntar al Pentágono acerca de las razones de su despliegue en las bases militares que mantiene en América Latina y el Caribe, el formidable patrullaje que realiza la IV Flota en aguas costeras del Atlántico y el Caribe y las verdaderas intenciones de sus intereses para ocupar neocolonialmente siete bases militares en Colombia.
Cierto que Colombia en la Cumbre de Bariloche, por intermedio de Uribe, nunca demostró tener argumentos para justificar el entreguismo y sometimiento a los designios del imperio. Igualmente en la reunión del Consejo Suramericano de Defensa realizada en Quito, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Uribe se negaron a transparentar los contenidos del Convenio Militar Estados Unidos-Colombia, pero, por sobre esas coyunturas es preciso señalar que la UNASUR en Bariloche y su Consejo de Defensa en Quito no son fracasos a pesar de la negativa colombiana. Si Uribe merece el repudio de las conciencias libres de América Latina y del Caribe, cabe destacar que ha dicho que Colombia permanecerá en la UNASUR y desmitió a sus ministros que anunciaron que Colombia se separaría de la UNASUR. Sin embargo de lo afirmado por Uribe, ronda por estas tierras el peligro del divisionismo que ya es histórico en nuestras patrias.
Bolívar en su profética Carta de Jamaica (1815), señalaba el peligro que provendría de Estados Unidos con sus intenciones colonialistas. En el 1826 convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, para crear un bloque de naciones latinoamericanas que enfrente las agresiones imperialistas. Ordenó no invitar a Estados Unidos al Congreso, sin embargo el colombiano Francisco de Paula Santander invitó al país del norte que, con la felonía de sus agentes, acabó con los anhelos de unidad. Los traidores de ayer renacen con la UNASUR de hoy y enarbolan las banderas de la división con los planes, apoyo, impulso y aplauso de Estados Unidos.
La recolonización se extiende desde Colombia con los planes Colombia y Patriota que a pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tanto Uribe como en su oportunidad Clinton, Bush y ahora Obama, pretenden convertir al conflicto interno en conflicto regional y para ese objetivo está la Iniciativa Regional Andina y en la actualidad, la entrega de siete bases militares que, desde Colombia, servirán para someter militarmente a nuestras patrias. Ayer Santander, hoy Uribe. ¿Jugarreta del servilismo histórico o concienzuda planificación de la Casa Blanca?
Estados Unidos desde sus orígenes esbozó el expansionismo y despojo de territorios. Creó doctrinas de dominación y la famosa “Doctrina Monroe” que proclamaba “América para los americanos”, sirvió para consolidar sus planes intervencionistas y políticas injerencistas. Washington manipuló las debilidades y ambiciones de “líderes” militares y políticos latinoamericanos para dividir y reinar. Hoy, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo esconden las verdades intenciones de recolonización imperial. Frente a esas intencionalidades surge la Unión Suramericana que se opone a los procesos neocolonizadores y que lucha por la soberanía e independencia de nuestras patrias, objetivos comunes con la ALBA.
Al respeto, la OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) expresa: “El modelo colonialista impuesto por los Estados Unidos a lo largo del Siglo XX, encontró su tropiezo con el arribo al poder del geoestratega Hugo Chávez y su visión Bolivariana. A partir de 1998 comienza la creación de un bloque antihegemónico, por intermedio de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como el ALBA, y el que ha logrado con cierto éxito frenar los tratados de libre comercio impuestos por la administraciones de los ex presidentes Clinton y Bush, poniendo en jaque la iniciativa estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
El Alba en su esencia no es más que la visión de la unión de los pueblos de América Latina para responder a las agresiones económicas, políticas y militares provenientes del norte, tal como lo planteó Simón Bolívar en su visión del Congreso Anfictiónico de Panamá.
Por supuesto que los Estados Unidos vienen haciendo todo lo posible por desarticular el movimiento social latinoamericano y su respuesta de visiones hegemónicas que han incrementado el abismo entre las clases sociales e incrementado la pobreza de los más desfavorecidos”. Si la Alternativa Bolivariana de América Latina es una eficiente respuesta a los planes hegemónicos del imperio, lo es también la UNASUR y su Consejo de Defensa ante los que se estrellarán los planes del Pentágono y la Casa Blanca que los ejecutan por intermedio de la Agencia de Seguridad Nacional, CIA, con la complicidad de las élites dominantes nacionales auspiciadas por organismos estadounidenses tales como la National Endowment for Democracy (NED) y la USAID. La OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) sostiene que “el experimento político militar que se esta efectuando en Honduras, no es más que una receta elaborada por los neoconservadores estadounidenses para diluir cualquier intento de frenar la Doctrina Monroe e implementar la visión bolivariana del Congreso de Panamá. Honduras ha sido escogido como el campo de batalla entre la visión hegemónica y la independentista”. La lucha contra el expansionismo colonial del imperio que tiende a consolidarse con los acuerdos de cooperación militar con Colombia, será tenaz y exigirá de esfuerzos y sacrificios de gobiernos progresistas y democráticos y de hombres y mujeres que combaten a opresores y explotadores en cualquier rincón de nuestra geografía.
La cumbre de Bariloche
Un ejemplo de esa lucha fue la Cumbre de la UNASUR realizada en Bariloche que tras una tensa reunión, consensuó un documento, pero sin definición sobre las bases de Estados Unidos en Colombia. El documento final contiene importantes decisiones y entre ellas la que afirma categóricamente que "La Unasur promueve el diálogo, la cooperación, la confianza y la transparencia. También rechaza la presencia de grupos armados y el narcotráfico, por lo que decidimos construir un compromiso mutuo de defensa y de paz, rechazando el uso de la fuerza contra otro Estado".
En la Cumbre se resolvió “fortalecer a Sudamérica como zona de paz y trabajar para una solución pacífica de los conflictos y que la presencia de fuerzas extranjeras no puede amenazar la paz de los países de la región".
En Bariloche, Uribe se desnudó como un pequeño mandatario de una república bananera que espera milagros de Washington y en su intervención ensayó la defensa de su acuerdo con Estados Unidos y se quejó por la "falta de cooperación" de los gobiernos en su particular lucha contra las FARC, ELN y el narcotráfico. No lo dijo pero querría que todos los gobiernos de Suramérica acudieran en su ayuda y al no lograrlo, aseveró: "La propuesta de Estados Unidos representa un apoyo práctico y eficaz. Pocas veces hay una cooperación práctica, más allá del plano discursivo". "Queremos la exclusión eficaz de todos los grupos violentos de la región". ¿Acaso existe un cinismo mayor o un ejemplo mayor de entreguismo a la potencia imperial?
Agregó: "La corresponsabilidad no puede ser una norma que se quede en el texto de la diplomacia y que no tenga vigor, aplicación práctica, en la lucha día a día contra el tráfico de armas y el narcotráfico". Afirmó que Colombia "no renuncia a su soberanía" por acordar con Washington, sino que se rige por la idea de la "integración" entre Estados. "Se preservan los principios de integridad soberana y territorial", insistió Uribe respecto del acuerdo, pero sus palabras sólo merecieron rechazo de los presidentes reunidos en Bariloche, inclusive de su amigo y socio Alan García. Uribe es una vergüenza de traición entreguista al imperio. Sus débiles argumentos contrastan con los crímenes de Estado que comete contra su pueblo que es víctima de la violencia burguesa neoconservadora. Con cinismo defendió a Obama cuando afirmó: "No me parece que tengamos que llamar a cuentas a Obama. Para ello está la Asamblea de las Naciones Unidas. Una cosa es tener buen diálogo y otra cosa es llamarlo a dar cuentas a la región".
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fue enfático al reclamar el documento integral respecto de la presencia de las bases en Colombia. Dijo que hay "informaciones muy difusas y vagas al respecto". "Sería necesario tenerlo para salir de algunas dudas y descifrar incógnitas, que bastantes tenemos". Reiteró sus cuestionamientos contra el proyecto colombiano y vinculó directamente la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia con la nueva estrategia de defensa norteamericana que incluye, dijo, hipótesis de guerra. Chávez analizó en su discurso los lineamientos de la estrategia militar de Estados Unidos, y enfatizó: "Aquí se está hablando de guerra; esto es movilidad para la guerra". "Propongo, reiteró, que la Unasur, que tiene formado su Consejo de Defensa, revise la estrategia militar de Estados Unidos en forma profunda y luego el tema de la instalación de bases norteamericanas en Colombia". Estados Unidos con las bases militares en Colombia se convierte en un inminente peligro para los gobiernos progresistas y democráticos como los de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua.
El Comando Sur, Pentágono, CIA, DEA, y sus organizaciones mercenarias y paramilitares usarán a su antojo siete bases ubicadas en Malambo, Palanquero, Apia, Tumaco, Bahía Málaga, Tolemida y Fuerte Larandia. El Pacto Militar Estados Unidos-Colombia significa: Instalación de bases militares a las que el Comandante Fidel Castro llamó: “Siete puñales en el corazón de América”. La base de Palanquero en Puerto Salgar, Cundinamarca, al centro del país, es la mayor de todas y la que más apetitos despierta entre los halcones de Washington. Luego vienen las bases de Apiay, al sur, en el Meta y la de Malambo, en el departamento Atlántico, bastante cercana a la Guajira venezolana. Nadie duda que el Comando Sur al instalarse en Palanquero podría llegar a cualquier país de América del Sur o del Caribe. Palanquero debe convertirse, según el SouthCom en una “Localidad de Cooperación en Seguridad” (CSL, por su siglas en inglés). El documento elaborado por el Comando Aéreo para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos consigna los objetivos de ese cuerpo hasta el año 2025, para dotarse de corredores aéreos y las bases que le permitan mayor movilidad y alcance en sus operaciones. El AMC dice que el enclave de Palanquero, identificado por el Comando Sur como “un punto en el continente suramericano que puede usarse tanto para “operaciones antinarcóticos” como para ejecutar lo que denomina “operaciones móviles”.
El Comando Aéreo de Movilidad tiene varios planes en desarrollo y uno de ellos se denomina Estrategia Global en Ruta con el que el imperio pretende usar a nuestra América Latina para desde estas tierras lanzarse a la conquista de otros continentes como África. En el documento, el Comando Sur y su Comando Aéreo de Movilidad -AMC- se afirma: “Incluir a Sudamérica en la estrategia de la ruta global, ayuda a materializar nuestro “compromiso” con la región, y asiste a la movilidad en la ruta hacia África”. Al AMC se refirió el Presidente de Venezuela, Coronel Hugo Chávez al afirmar que desde Colombia se planifica la guerra contra América del Sur por parte de Estados Unidos. En Bariloche, el Presidente pro témpore de UNASAUR y Presidente del Ecuador, Rafael Correa advirtió: "Colombia tiene el mayor cultivo de drogas de la región y tanto Ecuador como Venezuela están libres de cultivos. Estos se concentran en el límite sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Entonces el problema no somos los vecinos". El mandatario ecuatoriano instó al pueblo colombiano "a abrir los ojos" para ver que lo que ocurre "es exactamente lo contrario" a lo que postula el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que defendió el acuerdo que negoció con Estados Unidos para que militares estadounidenses puedan usar bases colombianas.
El gobierno de Colombia es el más grande aliado y socio de Estados Unidos y defenderá a Uribe mientras lo considere necesario a sus intereses, pero más temprano que tarde Uribe acabará como Noriega que, en su tiempo, era el principal socio y agente de la CIA en América Latina. En respuesta a Bariloche, Obama envió de gira por la región a su subsecretario adjunto para Asuntos para el Hemisferio Occidental, Christopher McMullen.
La Cumbre en Bariloche fue importante al destacar en el texto de la Declaración Final que cualquier acuerdo de cooperación militar debe regirse por el respeto estricto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Tratado de Constitución de UNASUR. La dignataria argentina, Cristina Fernández, desnudó las intenciones de Washington al sostener que nunca se ha visto bombardear cargamentos de drogas; eso no se combate con aviones C-17, ni con el emplazamiento de radares. Se refirió también al Libro Blanco del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos, que fue citado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, con el ánimo de esclarecer el panorama en torno al despliegue de fuerzas norteamericanas en Colombia. Según Cristina Fernández, de la lectura del “Libro Blanco” se infiere que el establecimiento de bases militares parece más un dispositivo para guerras convencionales que para combatir el narcotráfico. Chávez, insistió en que el despliegue de bases militares norteamericanas en suelo colombiano responde a la estrategia global de dominación de Estados Unidos. Palanquero, sostuvo, figura en la relación de bases expedicionarias de conformidad con el Informe y es identificada como una localidad de seguridad de cooperación, que ayudaría con la ruta de movilidad hacia África. Desde allí, además, solo un avión C-17 sería suficiente para controlar la totalidad de Suramérica, con excepción del Cabo de Hornos, en Chile. Además, las bases militares de Estados Unidos en Colombia, son una amenaza a la estabilidad y consolidación de las incipientes democracias en América Latina. Desde las bases militares en Colombia, Estados Unidos controlaría toda la geografía suramericana y sus bombarderos son capaces de soltar sus bombas criminales en cualquier parte de América del Sur, del Caribe y de América Central.
El diario La Jornada de México, editorialmente sostenía: “Durante el encuentro, la anfitriona Cristina Fernández de Kirchner trazó un paralelo entre este hecho y la “experiencia terrible” que ha implicado la operación de bases británicas en las Malvinas; el mandatario venezolano, Hugo Chávez, afirmó que la suscripción del acuerdo entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño forma parte de “la estrategia global de dominación de Estados Unidos”; el presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que “no se puede permitir la presencia militar extranjera en nuestros territorios: es un mandato noble que nos dan nuestros pueblos”…
Es saludable, decía La Jornada, que exista en la región un grupo de gobiernos que, no obstante provenir de expresiones políticas e ideológicas distintas, estén dispuestos a llamar a las cosas por su nombre, a defender las respectivas soberanías nacionales y a rechazar un acuerdo que implica, en última instancia, una profunda amenaza de desestabilización en el subcontinente.
Contrario a lo que señala Uribe, no hay elemento alguno que justifique la instalación de este tipo de bases en Colombia: La presidenta de Argentina considera que el “narcotráfico y el terrorismo” se tienen que combatir, con medidas de “inteligencia y contrainteligencia”, no con el establecimiento de enclaves militares, y el propio Uribe debería saber, tras la experiencia de la aplicación del desastroso Plan Colombia, que la estrategia antinarco ofrecida desde Washington no arroja saldos particularmente positivos y sí potencia el desarrollo de escenarios de tintes bélicos y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En cambio, existen razones de peso para sustentar el rechazo de los gobiernos sudamericanos a la presencia militar de la superpotencia en Colombia: históricamente, Washington ha brindado apoyo a golpes de Estado que asolaron la región el siglo pasado y ha respaldado la imposición de gobiernos títeres, ha mantenido un constante injerencismo económico en estos países, y ha emprendido ofensivas sistemáticas en contra de la integridad territorial y el pleno usufructo de los recursos naturales de las naciones al sur del río Bravo. Hasta ahora, el pretendido giro de Obama en materia de política exterior no ha pasado de ser un conjunto de buenas intenciones. En lo que se refiere a Latinoamérica, acuerdos como el que se comenta revierten los avances que pudieran haberse dado a nivel discursivo, reafirman el carácter imperial y colonialista de Washington y sus afanes hegemónicos en la región, además de que permiten ponderar el peso específico que mantienen el Pentágono y el complejo militar-industrial en la política de ese país.
El mensaje que se da al mundo no es la instalación de siete bases, sino que Washington las reconoce abiertamente, dejando de lado los eufemismos de “instalaciones de avanzada”. Se le informa a América Latina sobre la ocupación abierta del país sede del Plan Colombia y que este es el comienzo de una nueva historia para “colombianizar” a toda la región.
El pasado 18 de agosto, el embajador estadounidense William Brownfield anunció en Bogotá que las tropas militares de su país combatirán junto a las colombianas contra las guerrillas de las FARC”. Esto significa el comienzo de la futura expansión del Plan Colombia con las derivaciones que puedan tener esos combates, y la posibilidad de implicar a otros países en la presunta persecución de los “terroristas”, después que el ex presidente Bush dejó en claro que su país desconoce las fronteras en su nuevo esquema de guerra.
Héctor León Moncayo, en CEPRID decía que “existe una continuidad en la estrategia militar del Imperio, aunque paralelamente Obama se proponga adelantar nuevas combinaciones políticas. A esta altura es visible el arco de control establecido bajo jurisdicción del Comando Sur. Bases de Guantánamo (Cuba), Roosevelt Roads y Fort Buhanan (Puerto Rico), Soto Cano (Honduras), Comalapa (El Salvador), Bahamas, Curaçao y Aruba. Es cierto que el gobierno de Ecuador acaba de cancelar la concesión de la base de Manta, pero las siete bases en Colombia tienen una explicación que va más allá del reemplazo. Se trata de edificar un verdadero frente ofensivo (obsérvese la disposición longitudinal de Sur a Norte) hacia Venezuela, en lo inmediato, pero con propósitos de reforzar una iniciativa sobre la región andino-amazónica. De hecho, en lo que se refiere al Pacífico, téngase en cuenta que ya Alan García le otorgó derechos a la IV Flota para la utilización de los puertos peruanos, así como permitió la entrada del ejército de Estados Unidos en la zona del Valle de Huallaga.
Intervencionismo conspirativo y cambios de gobierno
Este frente ofensivo se levanta, por supuesto, sobre la base de la presencia que siempre ha tenido aquí, reforzada últimamente en desarrollo del ‘Plan Colombia’. Pero va más allá de las labores contrainsurgentes, que son lo que despierta el entusiasmo de Uribe. Al contrario, es posible que el Imperio le juegue a la prolongación del conflicto en la medida en que el argumento del “desbordamiento” le permita utilizar a los paramilitares contra Venezuela, en una nueva versión de los contra nicaragüenses. Sería una táctica de hostigamiento y provocación para precipitar una confrontación colombo-venezolana. Es lógico. En la actual coyuntura, no es factible un ataque militar directo de Estados Unidos en un país de Suramérica, pero sí una supuesta intervención humanitaria que, como contraprestación, lleve a “cambios de gobierno”. Téngase en cuenta que, paralelamente, la derecha militarista continúa la contraofensiva de recuperación, de Centroamérica al Sur, incluida Venezuela, bajo la fórmula nunca abandonada del intervencionismo conspirativo”.
Gloria Inés Ramírez Ríos, Senadora de la República de Colombia en representación del Polo Democrático Alternativo, al referirse a la decisión de Uribe de entregar Colombia a Estados Unidos, afirmaba: “Debe merecer la mayor atención la posición entreguista de Uribe Vélez ante el imperio norteamericano. No hay que olvidar que el gobierno de Uribe fue el único de Suramérica que apoyó la criminal invasión gringa a Irak que adhirió incondicionalmente a la política de Bush según la cual “el que no está con nosotros está con los terroristas”, política que, como se sabe, terminó en un estruendoso fracaso…Además, continúa con el plan Colombia, que es una ley norteamericana, y recurre a los peores actos de sometimiento con tal de que le aprueben el Tratado de Libre Comercio y le den el visto bueno a sus aspiraciones reeleccionistas. El último eslabón de esta cadena de entreguismo es la autorización para que las bases militares colombianas sean utilizadas por tropas
Uribe es bravucón y belicoso aquí, pero sumiso como el que más ante Estados Unidos. Bush decía de él que “hace lo que decimos y algo más”. Las palabras lapidarias de Jorge Eliecer Gaitán en uno de sus debates en el Congreso de la República por la masacre de las bananeras en 1928, parecen escritas para referirse a Uribe: “en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”
Luego, la senadora afirmaba que según Wikipedia, “ una base militar es una instalación que es propiedad directa y operada por y/o para el ejército o una de sus ramas. En su mayoría acogen material y personal militar, así como instalaciones para entrenamiento y operaciones” Pero ha habido una evolución del concepto de bases militares a FOL (Centros Operativos de Avanzada) y a los CSL (Cooperative Security Locations/ Convenios Locales de Seguridad), que corresponden a la idea de operaciones más pequeñas, menos costosas y más sencillas de manejar y con un radio de alcance suficiente, a una distancia que le evite los riesgos pero que le permita actuar con agilidad. A estos se les llama Foreing Operating Locations –FOL- y los CSL corresponden a un término militar de los Estados Unidos para aquellas instalaciones utilizadas para hacer un entrenamiento regional contra el terrorismo y para el control del tráfico de drogas, además de proveer acceso de contingencia al continente.
De acuerdo con Chalmers Yohson profesor de la universidad de California “La mayoría de estas nuevas bases constituyen lotos desde los cuales nuestras fuerzas armadas podrían saltar como ranas muy bien armadas” (libro Estados Unidos un imperio en Guerra). Todo esto está en la lógica de la tenebrosa estrategia de la “guerra perpetua” definida por el Pentágono, la más reciente teoría militar norteamericana para el control del mundo. Política dentro de la cual, Estados Unidos puso a navegar la IV flota en aguas de Latinoamérica y el Caribe.
Al respecto, hacemos las siguientes observaciones:
1. Es muy poco creíble el propósito real de lucha contra el narcotráfico por parte del país que es el mayor consumidor de drogas ilícitas en el mundo. Si de verdad este fuera el objetivo, lo primero que tendría que hacer sería atacar el consumo en su propio territorio. La llamada lucha contra el terrorismo, como lo han demostrado los hechos, entraña graves riesgos. ¿Quién y con base en qué criterios define lo que es terrorismo?
2. El Presidente Uribe ha calificado a dirigentes de la oposición como “guerrilleros vestidos de civil”. El periódico norteamericano The Washington Post ha pedido que se incluya al gobierno del presidente Chávez entre los que apoyan el terrorismo.
3. En cuanto a otras amenazas de carácter transnacional, la falta de definiciones precisas conlleva que sea posible cualquier interpretación
4. Por estas razones, ha habido pronunciamientos de rechazo o de inquietud sobre las Bases por parte de los presidentes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en tanto que el Presidente Lula, afirma que “A mí no me agrada la idea de una base militar americana en Colombia”, y la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha dicho que “concuerda plenamente” con Lula y que la decisión de Colombia “afecta a todos los países”
Estados Unidos tiene más de 735 bases militares en 130 países del mundo, lo que constituye una estrategia global de expansión y control de naciones, recursos naturales y humanos” Según el investigador Charles Johnson, las bases militares extranjeras tienen 5 misiones específicas:
1. Mantener la supremacía militar absoluta en el mundo
2. Interferir comunicaciones
3. Intentar controlar el mayor número posible de fuentes petroleras
4. Dar trabajo e ingresos al complejo industrial militar
5. Asegurar que los militares y sus familias vivan con comodidad
Lo que interesa son los objetivos geoestratégicos, que son la seguridad nacional de Estados Unidos y el acceso a los recursos naturales de la región. Para ello ha instrumentalizado un plan que contiene dos elementos principales:
1. Los planes económicos, como el ALCA y los TLC, dirigidos a favorecer los intereses de las compañías trasnacionales y el gran capital norteamericano.
2. Un proceso de militarización de la región para hacer presiones en función de los planes económicos y comerciales y apropiarse de las riquezas estratégicas, especialmente energía, agua y biodiversidad. La senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, sostuvo que las actividades militares de Estados Unidos en bases colombianas respetarán el ordenamiento jurídico de cada parte, la Carta de las Naciones Unidas, la igualdad soberana, la integridad territorial, el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estado. Pero bien se sabe que Estados Unidos tiene una larga lista de violaciones a la soberanía de los países y al derecho internacional. Ejemplos:
1. Estados Unidos tiene numerosas leyes extraterritoriales que aplica más allá de sus fronteras, como el embargo a Cuba, la guerra preventiva, el Plan Colombia. Resulta muy poco creíble que los militares gringos vayan a subordinarse a las autoridades colombianas.
2. Control a operaciones ofensivas contra terceros.
Según los ministros, el objetivo es combatir amenazas internaciones como el tráfico de drogas y terrorismo y no realizar operaciones ofensivas contra terceros Estados.
3. Mitigación del impacto negativo en las relaciones con los países vecinos.
Aunque el gobierno asegura que el acuerdo es bilateral, puede favorecer a terceros interesados en cooperar para enfrentar el tráfico de drogas, el terrorismo y otras amenazas de carácter internacional, y da como prenda de garantía el hecho de que las agresiones a terceros Estados están excluidas de la práctica colombiana.
4. Número de personal militar o contratista.
Aún cuando el acuerdo contempla que el personal no excederá 800 militares y 600 contratistas, es claro que Estados Unidos buscará aplicar el pronunciamiento ya citado del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en el sentido de hacer una evaluación “sobre si estas limitaciones numéricas deben ser cambiadas hacía arriba o abajo, o revocadas”.
5. Aspectos jurídicos.
Según lo dicho por los ministros, este Acuerdo es una ampliación de los instrumentos bilaterales firmados entre Colombia y Estados Unidos y, por lo tanto, no necesita el procedimiento de un tratado internacional ante el Senado. Tampoco implica tránsito o permanencia de tropas extranjeras.
EEUU, Colombia y el Consejo Suramericano de Defensa Estados Unidos mueve a Colombia como su peón en el ajedrés de sus intereses geopolíticos y de dominación. No entiende que comenzó un cambio de época y que nuestras patrias no están dispuestas a ser reconolizadas. Son otros tiempos de lucha y esperanza para concretar la soberanía, independencia y los sueños de unidad.
En el proceso aparecen obstáculos planificados por Estados Unidos y dentro de esa planificación, la Colombia de Uribe y no su pueblo, es usada y manipulada para causar conflictos y con ellos divisiones, desentendimientos y confrontaciones. La histórica estrategia de Estados Unidos es dividir para reinar.
La reunión del Consejo Suramericano de Defensa realizada en Quito, el pasado 15 de septiembre fue el escenario de la jugarreta imperial a través de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Colombia, Jaime Bermudez y Gabriel Silva, respectivamente, que de manera sistemática, descortés y grosera se negaron a entregar el texto del acuerdo militar suscrito entre Colombia y Estados Unidos para la instalación de siete bases militares en el territorio de le hermana República. Dijeron, sin vergüenza alguna que no contaban con el permiso yanqui para dar a conocer el documento con lo que demostraron su sometimiento al imperio y que la soberanía de su patria les importaba un comino. Colombia desoyó el pedido de 11 gobiernos miembros de UNASUR. En realidad fue un insulto del gobierno de Uribe, digno heredero de Paula Santander.
David Choquehuanca, Canciller de Bolivia resumió el pensamiento de sus colegas al afirmar: “Colombia podía presentar el texto del Convenio a UNASUR pero lamentablemente Colombia dice que está sujeta al consentimiento de Estados Unidos. El mandato de los presidentes era establecer medidas de confianza, pero por la intransigencia de Colombia no hemos podido llevar a cabo esto”.
La Colombia de Uribe obedece al dictado de Washington que ordena boicotear la necesaria transparencia del Convenio para la instalación de bases militares gringas que tienen la intencionalidad de la agresión armada a nuestras patrias. Los ministros colombianos siguiendo el eje del discurso de Uribe, en lugar de transparencia propusieron, nada menos, que UNASUR acoja la agenda colombiana de seguridad, lo que significa regionalizar el conflicto colombiano al invitar a que todos gobiernos y pueblos hermanos combatan a las guerrillas y se involucren directamente en su conflicto interno que no han podido resolver por más de 50 años.
Al día siguiente de la Reunión del Consejo Suramericano de Defensa, el ministro colombiano Gabriel Silva, declaraba en Bogotá que no descartaba la posibilidad de retiro de Colombia de la UNASUR. Finalmente aceptaba que cumplía el mandato estadounidense: Dividir a la UNASUR y acabar con ella. Uribe desmentía a su Ministro de Defensa y anunciaba que Colombia no se retiraría de la organización, pero ya era tarde para tratar de ocultar el interés gringo y de las elites gobernantes de Bogotá.
El Canciller brasileño Celso Amorín, sintetizaba el pensamiento de todos los cancilleres y ministros de Defensa al afirmar: “Colombia no ha entendido la sensibilidad que ha causado el acuerdo de las bases militares”. La reunión de Quito fue convocada en “pos de una mayor transparencia diseñen medidas de fomento de la confianza y la seguridad de manera complementaria a los instrumentos existentes en el marco de la OEA”.
Analistas, politólogos y comunicadores sociales con personalidades cipayas han criticado la Reunión del 15 de septiembre del Consejo Suramericano de Defensa y la han calificado de fracaso anunciando la desunión y el fin de la UNASUR, pero, a pesar de la posición colombiana que boycoteó la reunión e impidió que se avance en el “fomento de la confianza y la seguridad” la evaluación final fue positiva. El Canciller ecuatoriano Fandert Falconí sostuvo: “El primer resultado es el fortalecimiento de UNASUR, es decir como UNASUR estamos en la capacidad de procesar los problemas regionales. No tenemos que recurrir extra regionalmente a discutir nuestras problemáticas en temas tan álgidos como los temas de seguridad, o la creación de medidas de confianza mutua. Un segundo punto, señaló, en el que se avanzó es en la notificación de todos los acuerdos regionales y extra regionales una vez que se hayan aprobado los acuerdos de negociación, sin tener o no el consentimiento de un tercer país, y aquí fue un punto de estancamiento, básicamente Colombia solicitó tiempo para hacer consultas internas, los 11 países estuvieron de acuerdo con entregar los acuerdos que están debidamente notificados. Se aceptó la tesis de la no extraterritorialidad. Colombia aceptó el concepto de no extra territorialidad y estos es un paso significado en el proceso de UNASSUR…”
Por su parte el Ministro de Defensa de Ecuador, Xavier Ponce sostuvo: “En cuanto a los ejercicios intra y extra regionales hay que tener en cuenta que este capítulo hace referencia a las seguridades a nivel de las fronteras. Hubo pleno acuerdo en notificar a UNASUR el desarrollo de ejercicios militares con países de la región o extra regionales, invitar observadores militares y establecer ,mecanismos de comunicación entre las fuerzas militares siempre en función de alcanzar plena transparencia, aumentar la eficiencia y vigilancia en las fronteras y algo que ha venido, planteando Colombia en la reunión de UNASUR en Bariloche, adoptar medidas necesarias para impedir la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley. En cuanto al cumplimiento y verificación hemos establecido un mecanismo voluntario de visitas a instalaciones militares, esto es fundamental porque no hace solo referencia a intercambio de información sino también a intercambio de experiencias de situaciones en las fronteras que puedan provocar incidentes”.
Cabe destacar la intervención del Canciller venezolano Nicolás Maduro en la que sostuvo: “Suramérica ya ha debatido sobre el tema de las bases militares estadounidenses y todo sobre este debate que se ha dado en los gobiernos, toda la presión de la opinión pública, de los movimientos sociales, de los ciudadanos de nuestros países tiene que tener un resultado para consolidar toda esta conciencia que se está dando de rechazo a las bases militares que lo que traen es violencia, guerra, amenaza a nuestro continente y más temprano que tarde el pueblo de Colombia tendrá que pedir cuentas a estos gobiernos entreguistas que han cedido el territorio de Colombia para que venga armamento, venga tecnología a amenazar a nuestro continente.” Por todos los medios, es preciso comprender y asumir conciencialmente que la entrega de bases militares a Estados Unidos es un nuevo y grave atentado contra la paz de América Latina y que con esas bases se inicia un proceso de desestabilización y directa amenaza a la soberanía, independencia y la libre autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy con Uribe de rodillas ante el imperio, Estados Unidos pretende acabar con la UNASUR, pero esa pretensión divisionista y recolonizadora debe ser rechazada enérgicamente por nuestros pueblos. Además, se debe exigir a los gobiernos, avanzar en los procesos integracionistas y de consolidación de la UNASUR a pesar de Obama y Uribe.
La senadora colombiana Gloria Inés Martínez Ríos sostenía que: “El aumento y reforzamiento de la presencia militar norteamericana demuestra de manera fehaciente que el gobierno colombiano no tiene ninguna voluntad de paz y que su única opción es la guerra, lo que indudablemente agudizará el conflicto interno y hará más difícil la búsqueda de la paz que anhela la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Desde todos las ciudades, pueblos, aldeas y desde todos los rincones de nuestras patrias, tenemos el deber histórico de rechazar la entrega de bases militares a Estados Unidos porque desde ellas se sembrará la violencia criminal de las agresiones militares y las guerras para dominar a nuestros pueblos y arrebatar los recursos naturales y la biodiversidad. ¿Qué dejaremos a nuestros hijos si ahora no detenemos la arremetida yanqui?
Nuestro deber moral impone que convoquemos a los parlamentos de nuestras patrias y sus organizaciones internacionales, a las organizaciones de la sociedad civil a los trabajadores del campo y la ciudad, a las organizaciones indígenas, sindicales, estudiantiles de mujeres, intelectuales, profesionales y a todo el pueblo a unirnos y marchar juntos para expulsar de nuestras patrias hasta el último soldado yanqui, hasta el último resquicio de una base militar imperialista y hasta el último barquito de la IV Flota. De todo el continente es la movilización contra la amenaza guerrerista del imperio.
jueves, 15 de octubre de 2009
miércoles, 7 de octubre de 2009
Ocho años de la invasión ¿Qué hay detrás de la guerra de Afganistán?
Ocho años de la invasión
¿Qué hay detrás de la guerra de Afganistán?
Enrico Piovesana
PeaceReporter
Traducido para Rebelión por S. Seguí
¿La minería de uranio? ¿El oleoducto transafgano? ¿La posición geoestratégica? ¿O tal vez el control del tráfico de drogas?
¿Por qué, hace exactamente ocho años, los Estados Unidos y sus aliados invadieron y ocuparon Afganistán? ¿Qué intereses están ocultos detrás de las explicaciones oficiales de esta guerra? Las hipótesis formuladas en estos años son muchas, pero ninguna suficientemente convincente. A excepción de una, aunque muy difícil de probar.
Los recursos energéticos. En informe publicado en diciembre de 2000 en el sitio web de la Energy Information Administration (EIA), organismo de estadística del Departamento de Energía de Estados Unidos (que luego fue retirado), Afganistán se presenta como un país con escasos recursos energéticos (nunca explotados) que, según datos que se remontan al periodo de la ocupación soviética, consisten en unas reservas de petróleo de 95 millones de barriles (concentradas en la zona de Herat), depósitos de gas natural de 5 billones de pies cúbicos (en el Shebergan), más 400 millones de toneladas de carbón (entre Badakshan y Herat).
Recursos demasiado pequeños para justificar una invasión militar cuyo coste hasta la fecha, sólo para los Estados Unidos, es de casi 230 mil millones de dólares.
Muchos en Afganistán hablan de yacimientos de uranio en el desierto de la provincia meridional de Helmand, donde el control y la explotación estarían en el centro de una dura disputa entre fuerzas estadounidenses y británicas. Pero por ahora esta historia no ha tenido ninguna confirmación.
El oleoducto transafgano. Muchos estiman que es la verdadera motivación que llevó a los Estados Unidos a invadir Afganistán en 2001.
El proyecto de construir una conducción de 1.680 kilómetros de largo para transportar gas de Dauletabad , en Turkmenistán, hasta Pakistán a través de Afganistán occidental (Herat y Kandahar) se inició en 1996 por la compañía petrolífera estadounidense Unocal (para la que trabajaban tanto Hamid Karzai como Zalmay Khalizad) en cooperación con el régimen talibán (en 1996, Unocal abrió una oficina en Kandahar y el año siguiente miembros del gobierno talibán fueron recibidos en EEUU).
La idea fue abandonada a finales de los años 90 a la espera de que “la situación política y militar en Afganistán mejore (fuente: EIA, diciembre de 2000). Dada la imposibilidad de abrir el corredor sur de Asia, Occidente optó por el del Cáucaso meridional, y en 2006 se inaugura un gasoducto que transporta gas de Turkmenistán a Turquía a través del Mar Caspio, Azerbaiyán y Georgia (y que a partir de 2015 se conectará al gasoducto Nabuco).
El proyecto de gasoducto transafgano, sin embargo, no se abandona. Los tres países involucrados vuelven a estudiarlo a partir de 2002, y en abril de 2008 firman un acuerdo con India, que prevé la apertura del oleoducto en 2018 (previsión excesivamente optimista, según los analistas en el sector). Para financiar el proyecto (7.600 millones de dólares) se cuenta con el Banco Asiático de Desarrollo (del que Estados Unidos y Japón son los principales accionistas.) Las empresas petroleras interesadas son estadounidenses, británicas y canadienses.
Aunque importante, parece arriesgado identificar con este proyecto –de muy difícil realización y superado por otras rutas– el motivo de la continua ocupación de Afganistán por los occidentales.
La ubicación estratégica. Afganistán tiene la desgracia de estar en el corazón del continente asiático, en una posición estratégica que permite a quien controle el país monitorear de cerca todas las potencias nucleares de la región: China, Rusia, India y Pakistán; y completar el cerco de Irán, país que en caso de guerra con EE. UU. se enfrentaría a un ataque por dos frentes: Iraq y Afganistán.
Sin embargo, según muchos analistas militares, la voluntad estadounidense de controlar Afganistán debe leerse, sobre todo, en clave de contraposición a China, considerada por el Pentágono como la mayor amenaza potencial a la hegemonía militar y económica mundial de Estados Unidos no sólo en Asia sino también en el Oriente Próximo, África y América Latina. Una amenaza que se hizo más real después de la creación en junio de 2001, de la alianza político-militar liderada por China: la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), que reúne a China, Rusia, las repúblicas de Asia Central, y pronto, tal vez incluso Irán. Y que, en el futuro, dada su integración gradual con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alianza político-militar liderada por Rusia, podría extender su influencia hasta Europa oriental (Belarús) y el Cáucaso (Armenia), convirtiéndose, a todos los efectos, en una alianza contrapuesta a una OTAN liderada por EEUU. Un Afganistán bajo control americano es una espina en el costado de China, en particular por su proximidad a Xinjang, una región riquísima en petróleo y desestabilizada por el nacionalismo uigur (tradicionalmente sostenido por la CIA).
La importancia geoestratégica de Afganistán es innegable y ha desempeñado ciertamente un papel importante en la decisión de EE. UU. de ocupar el país y establecer bases militares permanentes.
El negocio de las drogas. Pero quizás detrás de la guerra en Afganistán se escondan intereses aún mayores y más inconfesables: los relacionados con el control del tráfico mundial de heroína, uno de los negocios más rentables del planeta, con un volumen de negocio anual estimado en alrededor de 150 mil millones de dólares por año.
No es ningún secreto que el auge en la producción de opio y heroína en los años 70, en el llamado Triángulo de Oro (Laos, Birmania, Camboya), fue dirigida por la CIA, que con el producto de las operaciones de tráfico de drogas financiaba sus operaciones anticomunistas del Sudeste Asiático. El mismo sistema –igualmente bien conocido– fue adoptado por la CIA en los años 80 en América Latina, para financiar, con el producto de la cocaína, la guerrilla antisandinista de la Contra en Nicaragua, y en Afganistán, con los ingresos de la heroína, la resistencia antisoviética de los mujaheddin.
En Afganistán, el negocio continuó también en los años 90 y se incrementó con la llegada al poder de los talibanes, con el conocido respaldo de la CIA. Hasta 2000, cuando el mulá Omar, a fin de obtener apoyo internacional para su régimen, decidió prohibir la producción de opio, que en 2001 cayó a niveles cercanos a cero. Una producción que en el Afganistán "liberado" y controlado por los militares y los servicios secretos de EEUU se reanuda a pleno ritmo desde 2002 (cuando los talibanes aún no habían regresado) pulverizando todos los récords históricos y transformando en pocos años este país de Asia meridional en el principal productor de heroína del mundo (93 por ciento de la producción mundial). Una situación que las fuerzas de EE. UU. presentes en Afganistán se han negado sistemáticamente a afrontar, afirmando que éste “no era su trabajo” y dejándolo en manos del gobierno títere de Kabul.
Según un número cada vez mayor y más heterogéneo de expertos y de personas bien informadas, la CIA habría subcontratado la producción y el procesamiento de la heroína al narco-Estado encabezado por Karzai, protegiendo por su parte las rutas de evacuación por vía terrestre (Pakistán, Irán y Tayikistán) y gestionando directamente los despachos por vía aérea hacia el exterior.
¿Una nueva Air América? (1) Según una investigación realizada por el canal de televisión ruso Vesti, la heroína afgana sale de Afganistán a bordo de aviones estadounidenses de carga militar directamente desde las bases de Ganci en Kirguistán, y de Inchirlik, en Turquía. Y según ha escrito en The Guardian el periodista afgano Nushin Arbabzadah, a menudo oculta en ataúdes de los militares de EE. UU., llenos de droga en lugar de cadáveres.
"Creo que es posible que esto suceda, aunque no puedo intentarlo", comentó diplomáticamente el embajador ruso en Kabul, Zamir Kabulov.
El periodista ruso Arkadi Gubnov, de Vremya Novostei, haciendo pública una información proporcionada por una fuente de los servicios secretos afganos, ha escrito “el 85 por ciento de toda la droga producidas en Afganistán se transporta al exterior por medio de la aviación estadounidense.”
El pasado verano, el general ruso Mahmut Gareev, ex comandante de las tropas soviéticas en Afganistán, manifestó a Russia Today: “Los estadounidenses no hacen nada contra la producción de droga en Afganistán porque les proporciona, por lo menos, 50 mil millones de dólares al año. No es un misterio que los estadounidenses transportan la droga en sus aeronaves militares al extranjero”.
El periodista estadounidense Dave Gibson, de NewsMax, ha citado una fuente anónima de los servicios de inteligencia de EE. UU. al afirmar que “la CIA siempre ha estado involucrada en el tráfico mundial de drogas, y en Afganistán simplemente llevan a cabo su negocio favorito, como hicieron durante la guerra de Vietnam.”
El economista ruso Mikhail Khazin dijo en una entrevista que “los estadounidenses están trabajando duro para mantener el tráfico de estupefacientes en Afganistán a través de las garantías de seguridad que la CIA da a los traficantes locales de drogas.”
“Estados Unidos no se opone al narcotráfico afgano para no socavar la estabilidad de un gobierno apoyado por los principales traficantes de drogas en el país, empezando por el hermano de Karzai”, escribe el famoso periodista norteamericano Eric Margolis en el Huffington Post. “Lo sucedido en el pasado en Indochina y América Central indica que la CIA podría estar implicada en el tráfico de drogas afganas en mayor medida que la que ya sabemos. En ambos casos, los aviones de la CIA transportaban drogas al extranjero en nombre de sus aliados locales, y lo mismo podría ocurrir en Afganistán. Cuando la historia de la guerra se haya escrito, la sórdida participación de Washington en el tráfico de heroína afgana será uno de los capítulos más vergonzosos.”
¿Narcodólares para salvar a los bancos en crisis? Antonio Maria Costa, director general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en una entrevista al semanario austríaco Profil declaró: "El narcotráfico es la única industria en crecimiento. Las ganancias son reinvertidas sólo en parte en actividades ilegales, el resto del dinero se coloca en la economía legal mediante operaciones de blanqueo. No sabemos cuánto, pero el volumen es impresionante. Esto significa la entrada de capital de inversión. Hay indicios de que estos fondos también acabaron en el sector financiero, que está bajo presión evidente desde la segunda mitad del año pasado (debido a la crisis financiera mundial, N. del autor).
El dinero del tráfico de drogas es actualmente el único capital líquido disponible para inversión. En la segunda mitad de 2008, la liquidez era el principal problema del sistema bancario, de ahí que este capital en efectivo se haya convertido en un factor importante. Parece que los préstamos bancarios han sido financiados con dinero que proviene del narcotráfico y otras actividades ilegales. Es, obviamente, difícil de probar, pero hay indicios de que algunos bancos se han salvado por estos medios.”
(1) Air America: línea aérea estadounidense establecida en 1946, propiedad de la Central Intelligence Agency (CIA) y gestionada por su División de Operaciones Especiales, responsable de las actividades secretas de la Compañía, desde 1950 hasta 1976. Para más información sobre participación de la CIA y de Air America en el tráfico, véase Alfred W. McCoy: The Politics of Heroin in Southeast Asia, 1972. (N. del t.).
Fuente: http://it.peacereporter.net/stampa/18036
¿Qué hay detrás de la guerra de Afganistán?
Enrico Piovesana
PeaceReporter
Traducido para Rebelión por S. Seguí
¿La minería de uranio? ¿El oleoducto transafgano? ¿La posición geoestratégica? ¿O tal vez el control del tráfico de drogas?
¿Por qué, hace exactamente ocho años, los Estados Unidos y sus aliados invadieron y ocuparon Afganistán? ¿Qué intereses están ocultos detrás de las explicaciones oficiales de esta guerra? Las hipótesis formuladas en estos años son muchas, pero ninguna suficientemente convincente. A excepción de una, aunque muy difícil de probar.
Los recursos energéticos. En informe publicado en diciembre de 2000 en el sitio web de la Energy Information Administration (EIA), organismo de estadística del Departamento de Energía de Estados Unidos (que luego fue retirado), Afganistán se presenta como un país con escasos recursos energéticos (nunca explotados) que, según datos que se remontan al periodo de la ocupación soviética, consisten en unas reservas de petróleo de 95 millones de barriles (concentradas en la zona de Herat), depósitos de gas natural de 5 billones de pies cúbicos (en el Shebergan), más 400 millones de toneladas de carbón (entre Badakshan y Herat).
Recursos demasiado pequeños para justificar una invasión militar cuyo coste hasta la fecha, sólo para los Estados Unidos, es de casi 230 mil millones de dólares.
Muchos en Afganistán hablan de yacimientos de uranio en el desierto de la provincia meridional de Helmand, donde el control y la explotación estarían en el centro de una dura disputa entre fuerzas estadounidenses y británicas. Pero por ahora esta historia no ha tenido ninguna confirmación.
El oleoducto transafgano. Muchos estiman que es la verdadera motivación que llevó a los Estados Unidos a invadir Afganistán en 2001.
El proyecto de construir una conducción de 1.680 kilómetros de largo para transportar gas de Dauletabad , en Turkmenistán, hasta Pakistán a través de Afganistán occidental (Herat y Kandahar) se inició en 1996 por la compañía petrolífera estadounidense Unocal (para la que trabajaban tanto Hamid Karzai como Zalmay Khalizad) en cooperación con el régimen talibán (en 1996, Unocal abrió una oficina en Kandahar y el año siguiente miembros del gobierno talibán fueron recibidos en EEUU).
La idea fue abandonada a finales de los años 90 a la espera de que “la situación política y militar en Afganistán mejore (fuente: EIA, diciembre de 2000). Dada la imposibilidad de abrir el corredor sur de Asia, Occidente optó por el del Cáucaso meridional, y en 2006 se inaugura un gasoducto que transporta gas de Turkmenistán a Turquía a través del Mar Caspio, Azerbaiyán y Georgia (y que a partir de 2015 se conectará al gasoducto Nabuco).
El proyecto de gasoducto transafgano, sin embargo, no se abandona. Los tres países involucrados vuelven a estudiarlo a partir de 2002, y en abril de 2008 firman un acuerdo con India, que prevé la apertura del oleoducto en 2018 (previsión excesivamente optimista, según los analistas en el sector). Para financiar el proyecto (7.600 millones de dólares) se cuenta con el Banco Asiático de Desarrollo (del que Estados Unidos y Japón son los principales accionistas.) Las empresas petroleras interesadas son estadounidenses, británicas y canadienses.
Aunque importante, parece arriesgado identificar con este proyecto –de muy difícil realización y superado por otras rutas– el motivo de la continua ocupación de Afganistán por los occidentales.
La ubicación estratégica. Afganistán tiene la desgracia de estar en el corazón del continente asiático, en una posición estratégica que permite a quien controle el país monitorear de cerca todas las potencias nucleares de la región: China, Rusia, India y Pakistán; y completar el cerco de Irán, país que en caso de guerra con EE. UU. se enfrentaría a un ataque por dos frentes: Iraq y Afganistán.
Sin embargo, según muchos analistas militares, la voluntad estadounidense de controlar Afganistán debe leerse, sobre todo, en clave de contraposición a China, considerada por el Pentágono como la mayor amenaza potencial a la hegemonía militar y económica mundial de Estados Unidos no sólo en Asia sino también en el Oriente Próximo, África y América Latina. Una amenaza que se hizo más real después de la creación en junio de 2001, de la alianza político-militar liderada por China: la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), que reúne a China, Rusia, las repúblicas de Asia Central, y pronto, tal vez incluso Irán. Y que, en el futuro, dada su integración gradual con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alianza político-militar liderada por Rusia, podría extender su influencia hasta Europa oriental (Belarús) y el Cáucaso (Armenia), convirtiéndose, a todos los efectos, en una alianza contrapuesta a una OTAN liderada por EEUU. Un Afganistán bajo control americano es una espina en el costado de China, en particular por su proximidad a Xinjang, una región riquísima en petróleo y desestabilizada por el nacionalismo uigur (tradicionalmente sostenido por la CIA).
La importancia geoestratégica de Afganistán es innegable y ha desempeñado ciertamente un papel importante en la decisión de EE. UU. de ocupar el país y establecer bases militares permanentes.
El negocio de las drogas. Pero quizás detrás de la guerra en Afganistán se escondan intereses aún mayores y más inconfesables: los relacionados con el control del tráfico mundial de heroína, uno de los negocios más rentables del planeta, con un volumen de negocio anual estimado en alrededor de 150 mil millones de dólares por año.
No es ningún secreto que el auge en la producción de opio y heroína en los años 70, en el llamado Triángulo de Oro (Laos, Birmania, Camboya), fue dirigida por la CIA, que con el producto de las operaciones de tráfico de drogas financiaba sus operaciones anticomunistas del Sudeste Asiático. El mismo sistema –igualmente bien conocido– fue adoptado por la CIA en los años 80 en América Latina, para financiar, con el producto de la cocaína, la guerrilla antisandinista de la Contra en Nicaragua, y en Afganistán, con los ingresos de la heroína, la resistencia antisoviética de los mujaheddin.
En Afganistán, el negocio continuó también en los años 90 y se incrementó con la llegada al poder de los talibanes, con el conocido respaldo de la CIA. Hasta 2000, cuando el mulá Omar, a fin de obtener apoyo internacional para su régimen, decidió prohibir la producción de opio, que en 2001 cayó a niveles cercanos a cero. Una producción que en el Afganistán "liberado" y controlado por los militares y los servicios secretos de EEUU se reanuda a pleno ritmo desde 2002 (cuando los talibanes aún no habían regresado) pulverizando todos los récords históricos y transformando en pocos años este país de Asia meridional en el principal productor de heroína del mundo (93 por ciento de la producción mundial). Una situación que las fuerzas de EE. UU. presentes en Afganistán se han negado sistemáticamente a afrontar, afirmando que éste “no era su trabajo” y dejándolo en manos del gobierno títere de Kabul.
Según un número cada vez mayor y más heterogéneo de expertos y de personas bien informadas, la CIA habría subcontratado la producción y el procesamiento de la heroína al narco-Estado encabezado por Karzai, protegiendo por su parte las rutas de evacuación por vía terrestre (Pakistán, Irán y Tayikistán) y gestionando directamente los despachos por vía aérea hacia el exterior.
¿Una nueva Air América? (1) Según una investigación realizada por el canal de televisión ruso Vesti, la heroína afgana sale de Afganistán a bordo de aviones estadounidenses de carga militar directamente desde las bases de Ganci en Kirguistán, y de Inchirlik, en Turquía. Y según ha escrito en The Guardian el periodista afgano Nushin Arbabzadah, a menudo oculta en ataúdes de los militares de EE. UU., llenos de droga en lugar de cadáveres.
"Creo que es posible que esto suceda, aunque no puedo intentarlo", comentó diplomáticamente el embajador ruso en Kabul, Zamir Kabulov.
El periodista ruso Arkadi Gubnov, de Vremya Novostei, haciendo pública una información proporcionada por una fuente de los servicios secretos afganos, ha escrito “el 85 por ciento de toda la droga producidas en Afganistán se transporta al exterior por medio de la aviación estadounidense.”
El pasado verano, el general ruso Mahmut Gareev, ex comandante de las tropas soviéticas en Afganistán, manifestó a Russia Today: “Los estadounidenses no hacen nada contra la producción de droga en Afganistán porque les proporciona, por lo menos, 50 mil millones de dólares al año. No es un misterio que los estadounidenses transportan la droga en sus aeronaves militares al extranjero”.
El periodista estadounidense Dave Gibson, de NewsMax, ha citado una fuente anónima de los servicios de inteligencia de EE. UU. al afirmar que “la CIA siempre ha estado involucrada en el tráfico mundial de drogas, y en Afganistán simplemente llevan a cabo su negocio favorito, como hicieron durante la guerra de Vietnam.”
El economista ruso Mikhail Khazin dijo en una entrevista que “los estadounidenses están trabajando duro para mantener el tráfico de estupefacientes en Afganistán a través de las garantías de seguridad que la CIA da a los traficantes locales de drogas.”
“Estados Unidos no se opone al narcotráfico afgano para no socavar la estabilidad de un gobierno apoyado por los principales traficantes de drogas en el país, empezando por el hermano de Karzai”, escribe el famoso periodista norteamericano Eric Margolis en el Huffington Post. “Lo sucedido en el pasado en Indochina y América Central indica que la CIA podría estar implicada en el tráfico de drogas afganas en mayor medida que la que ya sabemos. En ambos casos, los aviones de la CIA transportaban drogas al extranjero en nombre de sus aliados locales, y lo mismo podría ocurrir en Afganistán. Cuando la historia de la guerra se haya escrito, la sórdida participación de Washington en el tráfico de heroína afgana será uno de los capítulos más vergonzosos.”
¿Narcodólares para salvar a los bancos en crisis? Antonio Maria Costa, director general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en una entrevista al semanario austríaco Profil declaró: "El narcotráfico es la única industria en crecimiento. Las ganancias son reinvertidas sólo en parte en actividades ilegales, el resto del dinero se coloca en la economía legal mediante operaciones de blanqueo. No sabemos cuánto, pero el volumen es impresionante. Esto significa la entrada de capital de inversión. Hay indicios de que estos fondos también acabaron en el sector financiero, que está bajo presión evidente desde la segunda mitad del año pasado (debido a la crisis financiera mundial, N. del autor).
El dinero del tráfico de drogas es actualmente el único capital líquido disponible para inversión. En la segunda mitad de 2008, la liquidez era el principal problema del sistema bancario, de ahí que este capital en efectivo se haya convertido en un factor importante. Parece que los préstamos bancarios han sido financiados con dinero que proviene del narcotráfico y otras actividades ilegales. Es, obviamente, difícil de probar, pero hay indicios de que algunos bancos se han salvado por estos medios.”
(1) Air America: línea aérea estadounidense establecida en 1946, propiedad de la Central Intelligence Agency (CIA) y gestionada por su División de Operaciones Especiales, responsable de las actividades secretas de la Compañía, desde 1950 hasta 1976. Para más información sobre participación de la CIA y de Air America en el tráfico, véase Alfred W. McCoy: The Politics of Heroin in Southeast Asia, 1972. (N. del t.).
Fuente: http://it.peacereporter.net/stampa/18036
GOP Delegation Violates the Logan Act Are Republicans Breaking US Law in Honduras?
October 7, 2009
GOP Delegation Violates the Logan Act
Are Republicans Breaking US Law in Honduras?
By BRENDAN COONEY
As if the right needed to add to its anti-democratic pedigree, Republican leaders have flocked to Tegucigalpa to bolster the junta in Honduras.
Nine Congressional Republicans – including seven in the past week as the crisis heats up -- have now met with Roberto Micheletti, who took power after a military coup June 28.
This is a coup that has been denounced by everyone from the Organization of American States to the United Nations, which passed a resolution calling “categorically on all states to recognise no government other than that” of the elected president, Manuel Zelaya. No state has recognized Micheletti as president.
But U.S. Republicans have.
“He is the president of Honduras,” said Rep. Ileana Ros-Lehtinen, the ranking Republican on the House Foreign Affairs Committee, on Monday. “Some people tell me 'de facto' government, but under the Constitution of the Republic I am seated here with the president of this country and it’s a great honor.”
Leading us further down the rabbit hole is South Carolina Senator Jim DeMint, a member of the Foreign Relations committee, who visited Micheletti and his backers Oct. 2: “We saw a government working hard to follow the rule of law, uphold its constitution, and to protect democracy for the people of Honduras.”
Consistent with every other country, from Venezuela on the left to Colombia on the right, U.S. President Barack Obama’s policy has been to not recognize or meet with Micheletti.
Since contact with Micheletti is in direct conflict with stated U.S. interests, these nine Republicans, as well as Senate Minority Leader Mitch McConnell, who has aided them, seem to have broken U.S. law. The Logan Act says that anyone who without government authorization “directly or indirectly commences or carries on any correspondence or intercourse with any foreign government or any officer or agent thereof, with intent to influence the measures or conduct of any foreign government or of any officer or agent thereof, in relation to any disputes or controversies with the United States, or to defeat the measures of the United States, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both.”
Tomas Ayuso, a research fellow at the Council on Hemispheric affairs who spent the summer reporting on the crisis from Tegucigalpa, agrees. The members of Congress meeting with Micheletti “are in violation of the Logan Act,” he said.
There have been three Republican trips to Honduras to meet with Micheletti: a July trip by House members Connie Mack (R-Florida) and Brian Bilbray (R-California); last week’s trip by Senators Jim DeMint (R- South Carolina), Aaron Schock (R-Illinois), Peter Roskam (R-Illinois), and Doug Lamborn (R-Colorado); and Monday’s visit by House members Ileana Ros-Lehtinen (R-Florida), Lincoln Diaz-Balart (R-Florida), and Mario Diaz-Balart (R-Florida).
Though ignorance of the law is no defense, could it be that our representatives didn’t know about Obama’s policy of not meeting with Micheletti? No.
Mack’s report from his trip, for example, reads: “After ending the luncheon, the Ambassador re-emphasized the Obama Administration’s policy of no contact with Honduran President Micheletti. Congressman Mack nonetheless demanded that all sides should have their arguments heard, and therefore insisted on the meeting.”
How is that not a violation of the Logan Act?
Incidentally, Mack has called the Organization of American States “dangerous” for supporting Zelaya – an elected leader – and not Micheletti – a coup leader. By that logic, he finds every country in the world dangerous.
That Republicans would wage battle against democracy comes as no surprise. But how Democrats let them get away with sabotaging the stated interests of the United States is another matter.
Sen. John Kerry, who chairs the Foreign Relations Committee, tried to stop DeMint’s trip to Honduras, but when DeMint appealed to McConnell, he wound up riding to Honduras in a Pentagon airplane. How could Obama not have known that his own Defense Department was thwarting him? Why hasn’t the airplane matter been investigated?
Obama has been disturbingly blasé about the coup, perhaps because Zelaya had become a critic of the United States in the vein of Chavez. Secretary of State Hillary Clinton even called Zelaya’s attempted return “reckless.” But Obama now has begun rescinding visas for backers of Micheletti, and he has cut off $30 million in aid to Honduras.
These moves come more than two months after the coup, and Obama’s hesitation has only girded Micheletti’s will. “[U.S. officials] are doing these piecemeal steps to see how the de facto regime responds,” said Vicki Gass of the Washington Office on Latin America, a human rights group. “And each time the de facto regime remains intransigent, they up the ante, but it takes them way too long.”
Opponents ousted democratically elected Manuel Zelaya for trying to hold a referendum on rewriting the constitution. They accuse him of wanting to get rid of the single-term limit, a charge he denies. In a pre-dawn raid, the military seized a pajama-clad Zelaya and sent him to Costa Rica. He snuck back into the country Sept. 21 and has been holed up in the Brazilian embassy, surrounded by Micheletti’s soldiers.
That hasn’t stopped Republicans from arguing that the United States should support a putsch that even one of its leaders has admitted is illegal.
In an interview with the Miami Herald, the Honduran military’s chief lawyer, Colonel Herberth Bayardo Inestroza, acknowledged that it was an illegal military-led coup: “In the moment that we took him out of the country, in the way that he was taken out, there was a crime.”
Inestroza justified the move by saying that merely imprisoning Zelaya would have led to bloodshed, because his supporters would have demonstrated for his release. “We know there was a crime there,” he said. “[But] what was more beneficial, remove this gentleman from Honduras or present him to prosecutors and have a mob assault and burn and destroy and for us to have to shoot? If we had left him here, right now we would be burying a pile of people.”
As for the raft of U.S. Republicans backing the coup (and refusing to call it a coup), their fear is something else: socialism.
“This is about trying to stymie the Obama administration's efforts in Latin America and the Republicans’ obsession with Hugo Chavez and their concern about his expanding influence in the region,” Dan Erikson, a senior associate at the nonpartisan Inter-American Dialogue think tank in Washington, told the Associated Press.
Whether or not the Republican trips are found to be illegal, they are surely helping Micheletti dig in his heels. The toxic soup is likely to boil over after the Nov. 29 election, whose results the United States and other countries have said they will not recognize because of the coup and crackdown on civil liberties.
Meanwhile Republicans blow on for freedom, somehow keeping their faces straight. “The way out of this problem is to respect the free and fair elections that the people of Honduras are going to have," said Ros-Lehtinen, whose sterling right-wing creds include cheerleading the U.S. invasion of Iraq and telling Israel after it bombed Syria: “We are a better world because you did that.”
“I will tell my colleagues (U.S. Congressmen) to come to Honduras, not to see the newspapers, CNN or any media, to come here to meet with the legitimate government to listen their aspiration of living in peace and democracy,” Ros-Lehtinen said.
This aspiration apparently includes shutting down two media outlets, banning freedom of assembly, and arresting over a thousand protesters. The crackdown has killed eleven people, according to the Committee for Families of the Disappeared and Detainees in Honduras, or Cofadeh. On Sept. 30, Micheletti rounded up the 55 farmers who had occupied the National Agrarian Institute to protest the coup, and a judge ordered 38 of them to be held on charges of sedition.
Joining Ros-Lehtinen in her Oct. 5 visit was Rep. Lincoln Diaz-Balart and his younger brother, Rep. Mario Diaz-Balart. All three are Cuban exiles long driven by opposition to Fidel Castro. The Diaz-Balarts are sons of Rafael Diaz-Balart, minister of the interior under the U.S.-backed Cuban dictator Fulgencio Batista, overthrown by another coup leader, Castro, in 1959.
The anti-democratic instincts of the right are not limited to politicians with such a personal kite in the sky.
The Wall Street Journal gave a platform to Micheletti on its op-ed page, on which amid all the rationalizations for the coup, he writes, “Regarding the decision to expel Mr. Zelaya from the country the evening of June 28 without a trial, reasonable people can believe the situation could have been handled differently.” And here’s how the fair-and-balanced Journal editors sugarcoat Micheletti: “Mr. Micheletti, previously the president of the Honduran Congress, became president of Honduras upon the departure of Manuel Zelaya. He is a member of the Liberal Party, the same party as Mr. Zelaya.”
Departure? The only departure here is from the world of reason, in which we can call a military seizure of a president a coup and not an act of freedom, and see it as something that needs to be resisted by other governments before there’s a lot more blood spilled.
Brendan Cooney is an anthropologist living in New York City. He can be reached at: itmighthavehappened@yahoo.com
GOP Delegation Violates the Logan Act
Are Republicans Breaking US Law in Honduras?
By BRENDAN COONEY
As if the right needed to add to its anti-democratic pedigree, Republican leaders have flocked to Tegucigalpa to bolster the junta in Honduras.
Nine Congressional Republicans – including seven in the past week as the crisis heats up -- have now met with Roberto Micheletti, who took power after a military coup June 28.
This is a coup that has been denounced by everyone from the Organization of American States to the United Nations, which passed a resolution calling “categorically on all states to recognise no government other than that” of the elected president, Manuel Zelaya. No state has recognized Micheletti as president.
But U.S. Republicans have.
“He is the president of Honduras,” said Rep. Ileana Ros-Lehtinen, the ranking Republican on the House Foreign Affairs Committee, on Monday. “Some people tell me 'de facto' government, but under the Constitution of the Republic I am seated here with the president of this country and it’s a great honor.”
Leading us further down the rabbit hole is South Carolina Senator Jim DeMint, a member of the Foreign Relations committee, who visited Micheletti and his backers Oct. 2: “We saw a government working hard to follow the rule of law, uphold its constitution, and to protect democracy for the people of Honduras.”
Consistent with every other country, from Venezuela on the left to Colombia on the right, U.S. President Barack Obama’s policy has been to not recognize or meet with Micheletti.
Since contact with Micheletti is in direct conflict with stated U.S. interests, these nine Republicans, as well as Senate Minority Leader Mitch McConnell, who has aided them, seem to have broken U.S. law. The Logan Act says that anyone who without government authorization “directly or indirectly commences or carries on any correspondence or intercourse with any foreign government or any officer or agent thereof, with intent to influence the measures or conduct of any foreign government or of any officer or agent thereof, in relation to any disputes or controversies with the United States, or to defeat the measures of the United States, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both.”
Tomas Ayuso, a research fellow at the Council on Hemispheric affairs who spent the summer reporting on the crisis from Tegucigalpa, agrees. The members of Congress meeting with Micheletti “are in violation of the Logan Act,” he said.
There have been three Republican trips to Honduras to meet with Micheletti: a July trip by House members Connie Mack (R-Florida) and Brian Bilbray (R-California); last week’s trip by Senators Jim DeMint (R- South Carolina), Aaron Schock (R-Illinois), Peter Roskam (R-Illinois), and Doug Lamborn (R-Colorado); and Monday’s visit by House members Ileana Ros-Lehtinen (R-Florida), Lincoln Diaz-Balart (R-Florida), and Mario Diaz-Balart (R-Florida).
Though ignorance of the law is no defense, could it be that our representatives didn’t know about Obama’s policy of not meeting with Micheletti? No.
Mack’s report from his trip, for example, reads: “After ending the luncheon, the Ambassador re-emphasized the Obama Administration’s policy of no contact with Honduran President Micheletti. Congressman Mack nonetheless demanded that all sides should have their arguments heard, and therefore insisted on the meeting.”
How is that not a violation of the Logan Act?
Incidentally, Mack has called the Organization of American States “dangerous” for supporting Zelaya – an elected leader – and not Micheletti – a coup leader. By that logic, he finds every country in the world dangerous.
That Republicans would wage battle against democracy comes as no surprise. But how Democrats let them get away with sabotaging the stated interests of the United States is another matter.
Sen. John Kerry, who chairs the Foreign Relations Committee, tried to stop DeMint’s trip to Honduras, but when DeMint appealed to McConnell, he wound up riding to Honduras in a Pentagon airplane. How could Obama not have known that his own Defense Department was thwarting him? Why hasn’t the airplane matter been investigated?
Obama has been disturbingly blasé about the coup, perhaps because Zelaya had become a critic of the United States in the vein of Chavez. Secretary of State Hillary Clinton even called Zelaya’s attempted return “reckless.” But Obama now has begun rescinding visas for backers of Micheletti, and he has cut off $30 million in aid to Honduras.
These moves come more than two months after the coup, and Obama’s hesitation has only girded Micheletti’s will. “[U.S. officials] are doing these piecemeal steps to see how the de facto regime responds,” said Vicki Gass of the Washington Office on Latin America, a human rights group. “And each time the de facto regime remains intransigent, they up the ante, but it takes them way too long.”
Opponents ousted democratically elected Manuel Zelaya for trying to hold a referendum on rewriting the constitution. They accuse him of wanting to get rid of the single-term limit, a charge he denies. In a pre-dawn raid, the military seized a pajama-clad Zelaya and sent him to Costa Rica. He snuck back into the country Sept. 21 and has been holed up in the Brazilian embassy, surrounded by Micheletti’s soldiers.
That hasn’t stopped Republicans from arguing that the United States should support a putsch that even one of its leaders has admitted is illegal.
In an interview with the Miami Herald, the Honduran military’s chief lawyer, Colonel Herberth Bayardo Inestroza, acknowledged that it was an illegal military-led coup: “In the moment that we took him out of the country, in the way that he was taken out, there was a crime.”
Inestroza justified the move by saying that merely imprisoning Zelaya would have led to bloodshed, because his supporters would have demonstrated for his release. “We know there was a crime there,” he said. “[But] what was more beneficial, remove this gentleman from Honduras or present him to prosecutors and have a mob assault and burn and destroy and for us to have to shoot? If we had left him here, right now we would be burying a pile of people.”
As for the raft of U.S. Republicans backing the coup (and refusing to call it a coup), their fear is something else: socialism.
“This is about trying to stymie the Obama administration's efforts in Latin America and the Republicans’ obsession with Hugo Chavez and their concern about his expanding influence in the region,” Dan Erikson, a senior associate at the nonpartisan Inter-American Dialogue think tank in Washington, told the Associated Press.
Whether or not the Republican trips are found to be illegal, they are surely helping Micheletti dig in his heels. The toxic soup is likely to boil over after the Nov. 29 election, whose results the United States and other countries have said they will not recognize because of the coup and crackdown on civil liberties.
Meanwhile Republicans blow on for freedom, somehow keeping their faces straight. “The way out of this problem is to respect the free and fair elections that the people of Honduras are going to have," said Ros-Lehtinen, whose sterling right-wing creds include cheerleading the U.S. invasion of Iraq and telling Israel after it bombed Syria: “We are a better world because you did that.”
“I will tell my colleagues (U.S. Congressmen) to come to Honduras, not to see the newspapers, CNN or any media, to come here to meet with the legitimate government to listen their aspiration of living in peace and democracy,” Ros-Lehtinen said.
This aspiration apparently includes shutting down two media outlets, banning freedom of assembly, and arresting over a thousand protesters. The crackdown has killed eleven people, according to the Committee for Families of the Disappeared and Detainees in Honduras, or Cofadeh. On Sept. 30, Micheletti rounded up the 55 farmers who had occupied the National Agrarian Institute to protest the coup, and a judge ordered 38 of them to be held on charges of sedition.
Joining Ros-Lehtinen in her Oct. 5 visit was Rep. Lincoln Diaz-Balart and his younger brother, Rep. Mario Diaz-Balart. All three are Cuban exiles long driven by opposition to Fidel Castro. The Diaz-Balarts are sons of Rafael Diaz-Balart, minister of the interior under the U.S.-backed Cuban dictator Fulgencio Batista, overthrown by another coup leader, Castro, in 1959.
The anti-democratic instincts of the right are not limited to politicians with such a personal kite in the sky.
The Wall Street Journal gave a platform to Micheletti on its op-ed page, on which amid all the rationalizations for the coup, he writes, “Regarding the decision to expel Mr. Zelaya from the country the evening of June 28 without a trial, reasonable people can believe the situation could have been handled differently.” And here’s how the fair-and-balanced Journal editors sugarcoat Micheletti: “Mr. Micheletti, previously the president of the Honduran Congress, became president of Honduras upon the departure of Manuel Zelaya. He is a member of the Liberal Party, the same party as Mr. Zelaya.”
Departure? The only departure here is from the world of reason, in which we can call a military seizure of a president a coup and not an act of freedom, and see it as something that needs to be resisted by other governments before there’s a lot more blood spilled.
Brendan Cooney is an anthropologist living in New York City. He can be reached at: itmighthavehappened@yahoo.com
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